La jurisdicción social es una jurisdicción especializada, en la que se dirimen las reclamaciones efectuadas por los ciudadanos, en su condición de trabajadores, frente a sus empleadores por aspectos relacionados con el contrato de trabajo (despidos, condiciones de trabajo, etc.), así como las reclamaciones realizadas frente a la Seguridad Social o el Estado (incapacidades laborales, determinaciones de contingencia, jubilaciones, pensiones, etc.), o en materia de tutela de derechos de libertad sindical o huelga, conflictos colectivos, convenios laborales, prevención de riesgos laborales, y otras. 

      Es muy frecuente que se requiera una valoración pericial psiquiátrica en procedimientos enmarcados en esta jurisdicción, siendo en muchos casos, la prueba fundamental sobre la que el Juez o Magistrado fundamentará la sentencia. Dentro de la jurisdicción social, los procedimientos en los que más frecuentemente se precisa una valoración pericial psiquiátrica son:

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• Incapacidades laborales:

      La Incapacidad Permanente es definida por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, del siguiente modo: “La situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo”. Dicha Incapacidad Permanente se clasificará, en función del porcentaje de reducción de capacidad de trabajo, en los siguientes grados: parcial, total, absoluta, y gran invalidez. Aparte de la prueba documental (fundamentalmente informes médicos), la valoración pericial es fundamental en aquellos casos en los que se interpone una demanda judicial tras la denegación de la prestación por parte del INSS. Cuanto las limitaciones laborales se derivan fundamentalmente de una patología psiquiátrica, la mejor opción es que la valoración pericial sea llevada a cabo por un médico psiquiatra con formación y experiencia en el campo de la psiquiatría legal.    

    

• Determinaciones de contingencia:

      En derecho laboral, se conoce como determinación de contingencia al procedimiento de determinación del origen profesional o común de un accidente o enfermedad. En este sentido, las contingencias profesionales incluyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, mientras que las contingencias comunes incluyen los accidentes no laborales y las enfermedades comunes. En muchos casos, a un trabajador le puede resultar más beneficioso que su proceso de Incapacidad Temporal o Permanente se derive de una contingencia profesional, y en caso de que en vía administrativa no se determine el origen laboral de sus dolencias, deberá acudir a la vía judicial. Es en estos casos, en los que contar con una valoración pericial puede llegar a ser fundamental de cara a argumentar, si es el caso, que la patología que afecta al trabajador se originó como consecuencia de la realización de su trabajo.         

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• Acoso laboral (mobbing):

      El acoso laboral consiste en una conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador por parte de un empleador o un superior jerárquico, un compañero de trabajo, o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia, a causar perjuicio laboral, a generar desmotivación en el trabajo, o a inducir al abandono del mismo. La víctima de un acoso laboral puede desarrollar una serie de problemas psiquiátricos que incluyen, fundamentalmente, síntomas depresivos y de ansiedad, y que en muchas ocasiones llegan a ser de la suficiente gravedad como para requerir tratamiento médico o psicológico. En el ámbito de la jurisdicción social, una persona que sea víctima de acoso laboral puede instar a la puesta en marcha de varios tipos de procedimientos judiciales, entre los que se incluyen una demanda por tutela de derechos fundamentales, un procedimiento para extinguir la relación laboral, o un procedimiento de reclamación de daños y perjuicios. En todos estos casos, aparte de las pruebas documentales o testificales, es fundamental contar con una valoración pericial que acredite el daño psicológico causado al trabajador.